Juan Pablo Penilla Rodriguez del tabú de acoso sexual en el trabajo

Análisis de Juan Pablo Penilla Rodríguez 

El acoso sexual en los lugares de trabajo es una lacra presente en todos los sectores de la economía, y el jurídico no es una excepción. Es, además, una realidad que afecta sobre todo a las mujeres. Según la macroencuesta ¿Nosotros también? Intimidación y acoso sexual en las profesiones jurídicas, elaborada por la International Bar Asso­ciation (IBA) a letrados de todo el mundo, una de cada tres abogadas afirma haber sufrido intimidación sexual en algún momento de su carrera. Asimismo, el informe revela que casi el 75% de estos episodios nunca son denunciados.

La cuestión es compleja y espinosa. Mientras en el mundo anglosajón existe un mayor impulso por parte de las organizaciones para que quien sufre estos episodios los denuncie, en España aún se detecta mucha incomodidad al abordar el asunto. Un contexto que no anima a las víctimas a denunciar. En este sentido, Esther de Félix, socia de Cuatrecasas y miembro de la comisión de prevención de acoso de la firma, apuntó en la presentación del informe, el pasado enero, que durante 2018 en su organización se registró solo una denuncia por este motivo. Una cifra ciertamente baja, “sobre todo teniendo en cuenta que hablamos de un despacho con una plantilla de más de mil abogados”.

Canales de denuncia

La incomodidad, no obstante, no quiere decir que no se estén tomando medidas. La mayoría de grandes bufetes consultados cuentan con protocolos con canales de denuncia a los que los profesionales pueden acudir en caso de sufrir un episodio de acoso sexual. Algunas firmas dan la posibilidad, incluso, de denunciar de forma anónima. Es el caso de Dentons, que dispone de una línea telefónica gestionada por una empresa externa. "Sancionamos cualquier forma de actividad ilegal, acoso, intimidación, discriminación u otro comportamiento que viole las normas de conducta profesional", explica Katherine Foran, subdirectora de asuntos jurídicos del bufete a nivel global.

Datos sobre acoso a nivel mundial

Mujeres. El acoso sexual es una realidad que afecta principalmente a las mujeres. Así, el 37% de abogadas afirmaron haber sufrido este tipo de conductas, frente al 7% de los hombres. Por otro lado, uno de cada cuatro letrados reconoció haber presenciado algún episodio de acoso sexual. El ratio femenino, en cambio, es del 23%. En esta línea, el informe sugiere que es probable que los actores ejerzan este tipo de comportamientos enfrente de hombres más que de mujeres.

Posición jerárquica. El estudio de la IBA también pone de manifiesto el gran silencio que existe por parte de las víctimas en torno a esta cuestión. Así, más del 75% de estos casos nunca llega a reportarse. El principal motivo es el perfil o puesto del autor (generalmente, en una posición jerárquica más alta), seguido de la preocupación por posibles repercusiones y el hecho de que sea una realidad habitual en el entorno de trabajo.
Actitudes. Los comportamientos que más se repiten en este sentido son los comentarios sexistas, incluyendo humor inapropiado o chistes sobre sexo o género. Otras conductas habituales son las observaciones o sonidos sexuales o sexualmente sugerentes, las miradas inapropiadas que provocan incomodidad y el contacto físico inadecuado (palmadas, pellizcos o tocamientos). Menos habituales son las peticiones sexuales explícitas o implícitas a cambio de empleo o ascensos.

Por su parte, Baker McKenzie prevé la figura del point­ONE con­tact, miembros del despacho que, además de sus obligaciones diarias, atienden las demandas en este ámbito. “Nuestra tarea es escuchar a los afectados y, en su caso, reportar a la dirección para que tomen medidas”, señala Marga Fernández, socia de laboral y pointONE contact de la oficina de Madrid.
Para desempeñar esta función, los futuros encargados deben someterse a un intenso curso de formación en el que se les enseña a identificar comportamientos que constituyen acoso sexual. “Nos sensibilizan para que sepamos reconocer conductas que, aunque puedan parecer normales en ciertas culturas, ciertamente no lo son”, apunta Gemma Molar, pointONE contact y directora de operaciones en la oficina de Baker en Barcelona. Los cursos incluyen desde formación sobre apoyo psicológico a las víctimas hasta representaciones teatrales en las que actores simulan posibles situaciones de acoso.
La formación también es un factor clave para Ashurst. De hecho, el despacho ofrece sesiones obligatorias en las que explican a la plantilla qué hacer en caso de sufrir o presenciar una situación de acoso sexual o de otro tipo.

Investigación

Una vez recibida una denuncia, los despachos activan su protocolo de actuación, que comienza con una exhaustiva labor de investigación. “Para empezar, nos reunimos con la persona denunciante; después, con la denunciada, y, por último, con los posibles testigos”, enumera Aurora Sanz, socia directora de laboral en la oficina de Barcelona de Grant Thornton. La letrada insiste en la importancia de actuar con celeridad, evitando así demoras que causen sufrimiento innecesario a la víctima.
Y es que denunciar incidentes de este tipo puede ser una experiencia realmente traumática. Por eso, el protocolo de Pinsent Masons incluye una asistencia psicológica por parte de expertos externos a la firma, que acompañan a la víctima durante todo el proceso. Este apoyo es relevante ya que, en el caso de sufrir un episodio de acoso, “la confianza de la víctima en la firma es mucho menor”, reflexiona Santiago Iguaz, responsable de recursos humanos del bufete.
No es casualidad que los despachos dispuestos a hablar de esta cuestión sean los internacionales, ya que las directrices impuestas desde sus matrices han acelerado la toma de conciencia. Para las firmas españolas consultadas, sin embargo, la cuestión sigue siendo tabú. A pesar de contar con protocolos, han declinado comentarlos o detallarlos.

Guía práctica para que los abogados analógicos se conviertan en digitales: Juan Pablo Penilla Rodriguez

Una columna de Juan Pablo Penilla Rodriguez

La crisis del coronavirus ha acelerado el proceso de digitalización de los despachos de abogados. Mientras que hace unos meses el uso de herramientas tecnológicas era propio de los letrados y bufetes más aventureros, en cuestión de semanas, la inmensa mayoría de ellos se han visto obligados a cambiar radicalmente su tradicional modelo de trabajo basado en la cultura del presencialismo por otro que lleva por bandera el teletrabajo y la interacción online.

“La tecnología ha pasado de ser un apoyo a convertirse en un elemento esencial para la supervivencia”, apunta Sara Molina, CEO de Nize Partners. Pero este cambio no es fácil. En este sentido, Molina explica que el salto a lo digital debe estar enfocado desde dos perspectivas: el modelo de trabajo de la firma y la comunicación con el cliente. En lo que respecta al primero, Molina apuesta por el trabajo colaborativo. “Los equipos deben intentar trocear al máximo las tareas y repartirlas”. Existen numerosas herramientas que permiten trabajar en estos entornos de forma ágil. De hecho, muchas de estas plataformas están ofreciendo sus servicios de forma gratuita. “Ahora es un buen momento para empezar a experimentar en la nube”, subraya.

Por su parte, Jordi Estalella, socio de Alter Work, recomienda hacer un control de las tareas que se van realizando para saber la cantidad de tiempo que se dedica a cada una y en qué horas se registra más rendimiento. “Es importante saber en qué momento del día eres más productivo”, indica. Una vez identificado, el letrado recomienda adaptar el trabajo a esas horas.

Asimismo, aboga por facilitar el circuito de la prestación del servicio online, “permitiendo realizar firmas digitales en documentos y posibilitando pagos a través de plataformas electrónicas”. Estas modificaciones tienen un doble efecto positivo. Por un lado, eliminan los obstáculos que pueda encontrar un abogado al realizar su trabajo en un escenario como el actual. Por el otro, “transmites confianza al cliente al mostrarle que puedes prestar tu servicio con normalidad y calidad”, reflexiona.

Seguridad y formación

Pero estos cambios no se pueden realizar si no se tiene en cuenta la seguridad. Para Ricardo Oliva, abogado y director de la boutique Algoritmo Legal, este factor es esencial, ya que el trabajo de las firmas implica gestionar información especialmente sensible. Esto significa que, si hay una brecha de seguridad, “el despacho puede ser sancionado si se prueba que no ha sido diligente adoptando medidas preventivas de seguridad”, recuerda Oliva.
Por ello, el letrado recomienda investigar las herramientas antes de usarlas para comprobar que no tengan defectos. Asimismo, es aconsejable leer las políticas de privacidad, sobre todo si van a alojar documentos confidenciales o información personal.
La formación es, asimismo, un factor relevante. La actual crisis ha estimulado la difusión de conocimiento a través de internet, por lo que los letrados tienen la posibilidad de mantenerse actualizados a través de webinars, conferencias, cursos online o libros especializados.
Así, cabe destacar que la redacción inicial de los Presupuestos de 2019 propuso bajar el IVA de las publicaciones digitales del 21 al 4%, aunque finalmente la medida no vio la luz al no salir adelante las cuentas. No obstante, el pasado jueves el Gobierno anunció que estudia aplicar esta rebaja de forma “inmediata”, una decisión que sería de gran ayuda para los abogados que llevan a cabo su proceso de digitalización.

Empatía 'online'

Otra de las claves que debe tener en cuenta el abogado tecnológico es cómo comunicarse con el cliente. Como el confinamiento ha imposibilitado el contacto físico, las comunicaciones deben realizarse a través de una pantalla. En este sentido, Estalella recomienda elegir la herramienta en función de la urgencia del mensaje que se quiera transmitir. Así, para casos que pueden esperar, es mejorar utilizar el correo electrónico, mientras que los asuntos urgentes pueden atenderse a través de aplicaciones de mensajería instantánea, como WhatsApp o Telegram. Para respuestas inmediatas, en cambio, el medio más eficiente es la tradicional llamada telefónica.
Pero hay otro elemento esencial es en esta ecuación: el componente humano. “El abogado digital debe aprender a generar empatía digital”, subraya Molina. Para la abogada, un buen profesional sabe transmitir confianza y mitigar la incertidumbre del cliente, por lo que es importante mantener estas cualidades “aunque el trato sea a través de un dispositivo electrónico”.
Para lograrlo, Molina recomienda trabajar habilidades sociales como la inteligencia emocional, intentar que el lenguaje transmita cercanía y, por supuesto, usar herramientas estables que permitan una interacción ágil (que no se cuelgue el ordenador, por ejemplo). “Si tus soportes fallan, estarás preocupado e inseguro y transmitirás esos sentimientos al cliente durante las reuniones”, advierte.
Este factor humano no solo debe ejecutarse de cara al cliente, sino también al resto del equipo. “El socio de una firma digital debe saber motivar al resto de letrados, especialmente cuando las circunstancias de trabajo no son las idóneas”, concluye Molina.

El efecto de la crisis sobre la brecha digital

Tamaño. La brecha digital en la abogacía es una realidad de la que se ha debatido en varias ocasiones. Este concepto hace referencia a la desigualdad existente entre pequeños y grandes despachos a la hora de llevar a cabo la transformación digital, ya que se asume que los primeros cuentan con más recursos para realizar los cambios. No obstante, “las circunstancias concretas de la crisis del coronavirus están acortando en cierta medida esa fisura”, señala Sara Molina.
Adaptación. Para la abogada, la transformación digital no solo depende de la capacidad que tengan los bufetes de adquirir tecnología, “sino que también afecta la habilidad para adaptar la forma de trabajar”. En este sentido, Molina opina que los despachos pequeños pueden tener más ventaja a la hora de adaptarse a esta nueva situación, ya que se mueven de forma más ágil que aquellos de mayor tamaño, que suelen ser más torpes.
Cultura. No obstante, un factor que influye en la rapidez de movimiento es la predisposición anterior a la crisis que tuviera el despacho ante los cambios digitales. “Los que han hecho los deberes antes lo van a tener más fácil”, puntualiza Molina. Así, las firmas con modelos de negocio flexible y una cultura de teletrabajo no habrán tenido que hacer tantos esfuerzos para adaptarse a esta nueva situación, mientras que los que trabajan con modelos tradicionales habrán encontrado más trabas.

Daniel Cano Theis, nuevo socio de Monereo Meyer Abogados

Información de Juan Pablo Penilla Rodriguez

Monereo Meyer Abogados ha nombrado socio a Daniel Cano Theis, abogado del área de Derecho Inmobiliario.

Daniel Cano ejerce desde 2007 como abogado y Rechtsanwalt (abogado colegiado en Alemania) en la oficina de Palma de Mallorca de la firma. Está especializado en Derecho Inmobiliario, con énfasis en urbanismo y financiaciones de transacciones inmobiliarias de envergadura. Es bilingüe en español y alemán, además de dominar también el inglés.

Es miembro del Ilustre Colegio de Abogados de las Islas Baleares (ICAIB) desde 2008, de la Asociación Hispano-Alemana de Juristas (AHAJ) y del Ilustre Colegio de Abogados de Braunschweig en Alemania.

Stefan Meyer, responsable del Practice Group Real Estate de la firma comenta: “Es una gran satisfacción anunciar la promoción de Daniel como socio de nuestro bufete. A lo largo de estos años Daniel ha demostrado con creces su compromiso, dedicación y profesionalidad, habiéndose ganado el respeto de nuestros clientes y de sus compañeros dentro y fuera del despacho. Nuestra oficina en las islas Baleares, con una clientela predominantemente extranjera, se refuerza sin duda con este nombramiento”.

Juan Pablo Penilla Rodriguez:grandes bufetes alientan arbitrajes millonarios por crisis

Juan Pablo Penilla Rodriguez:

Mientras los Gobiernos toman medidas para luchar contra la pandemia de coronavirus, los grandes despachos de abogados han encontrado un filón para que los inversores internacionales perjudicados por dichas medidas presenten demandas millonarias contra los Estados apelando a los acuerdos de protección recíproca de inversiones entre países (los ISDS, en sus siglas en inglés). Uno de ellos es la Carta de la Energía, a la que más de 40 inversores se acogieron para denunciar a España por el recorte a las renovables, que se han saldado, de momento, con 14 laudos condenatorios.
A pesar de la crisis sanitaria sin precedentes, que ha costado la vida a más de 300.000 personas en el mundo, “los abogados instan a las grandes empresas a defender sus beneficios y a desafiar las medidas de emergencias ”. Así lo desvela un estudio elaborado por el Corporate Europe Observatory (CEO), grupo de investigación con sede en Bruselas, y el Transnational Institute (TNI), instituto de investigación y promoción de políticas públicas, de Amsterdam, al que ha tenido acceso CincoDías.

La investigación, muy crítica con los ISDS, a los que considera “un sistema paralelo de justicia corporativa”, se basa en informaciones públicas de los despachos: notas en sus páginas webs, blogs o seminarios, en los que explican a sus clientes “las vastas protecciones que los acuerdos de inversión les ofrecen” para reclamar. Por ejemplo, en el área de la energía o los servicios, por la prohibición que muchos Gobiernos, como España, han impuesto a las compañías de cortar el suministro de electricidad, luz, gas y agua a los consumidores vulnerables.

Respecto al país más afectado por la pandemia, Italia, con más 32.000 fallecidos, el informe alude a un artículo publicado por la firma local ArbLit el 26 de marzo, sobre las medidas adoptadas por el Gobierno. Los abogados de este despacho plantean si las medidas, “mal coordinadas”, del Ejecutivo de Giuseppe Conte “podrían estar dentro del alcance de los tratados de inversión entre Italia y otros Estados”.

Tratados que solo protegen al inversor extranjero y que puede fijar indemnizaciones no solo por los perjuicios presentes, sino “por la previsión de pérdidas futuras”, señala el informe Además, a diferencia de la justicia nacional (que, en este caso, se rige por los decretos excepcionales de estado de alarma que da poderes amplios a los Gobiernos democráticos), no tienen en cuenta “los intereses sociales”, como en el caso de la crisis actual.
Ante el riesgo de reclamaciones millonarias por parte de los inversores y las empresas al que se enfrentan los Estados, los expertos han pedido una restrcción permanente de dichas reclamaciones por el covid-19.También la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) hizo sonar las alarmas el pasado 4 de mayo con estas declaraciones: "Si bien, aún no se conocen demandas reales de ISDS relacionados con elcoronavirus, los abogados especializados están considerando numerosos casos y escenarios muy duros".

Preparando el terreno

La industria del arbitraje, alertan CEO y TNI en su investigación, está preparando el terreno. Así lo demuestran bufetes como Quinn Emanuel, que, en uno de sus blogs, animaba a los inversores “a buscar alivio y/o compensación por cualquier pérdida resultante de las medidas estatales”. En la misma línea se manifiesta Volterra Fietta.
Más explícita resulta la firma Ropes & Gray en este comentario: “los Gobiernos han respondido ante el covid-19 con una serie de medidas, como las restricciones de viajes, limitaciones en las operaciones comerciales o beneficios fiscales. Por su legitimidad, estas medidas pueden afectar negativamente a las empresas al reducir su rentabilidad, retrasar sus operaciones o ser excluidas de las subvenciones”. Y añade que, para las empresas con accionistas extranjeros, los ISDS “podrían ser una herramienta poderosa para recuperar o prevenir pérdidas resultantes de las acciones relacionadas con el covid-19”.
Como señala un jurista de Reed & Smith, “muchos arbitrajes surgieron de circunstancias sociales difíciles, como la crisis financiera de Argentina a principio de la década de los 2000 o la Primavera Árabe, en 2010. “Los daños recuperables pueden ser voluminosos”, indica la firma Sidley, especialmente si se reconocen pérdidas futuras.
Según la investigación, hasta 10 son los escenarios de reclamaciones que preparan los bufetes (de momento, no se ha presentado ninguna). Entre ellos, el sector del agua (países como El Salvador o Bolivia, el Gobierno han dado acceso a agua corriente gratis a familias contagiadas) o el de la sanidad, con el control temporal de hospitales privados (como en España o Irlanda), lo que Quinn Emanuel consideran una expropiación indirecta, “incluso aunque los Gobiernos hayan costeado el uso de las instalaciones”.
Un frente importante es el de la obligación impuesta a las farmacéuticas de proporcionar licencias obligatorias, medicamentos, tratamientos o material asequible para los ciudadanos. una cuestión relevante de cara a la fabricación de futuras vacunas.
Otros escenarios se relacionan con la suspensión del cobro de peajes en autopistas, el transporte o la comida gratis a ciertos colectivos expuestos. En este asunto, el bufete Alston & Bird, augura que “los tribunales serán implacables”, a pesar de que las medidas “pudieran parecer justas”. También, la suspensión del pago de alquileres, de las facturas de energía por la pérdida de empleo, como han hecho muchos Gobiernos europeos, algo que Shearmen & Sterling considera “incompatibles con el derecho internacional”.
Otras medidas denunciables, se refieren a la crisis de deuda, que podrían desembocar el control de capitales y reestructuraciones que afectaría a los inversores financieros; a políticas de desgravación fiscal a los necesitados y el incremento de impuestos a las grandes fortunas y la defensa de sus clientes ante posibles disturbios sociales derivados de la propia crisis.

Los despachos cobran una media cinco millones de dólares por litigio

Con frecuencia, a las crisis económicas, financieras y otras, les sigue una avalancha de arbitrajes,indica el estudio del COE y TNI. Por ello, abogados, como Debevoise & Plimpton o Alston & Bird, predicen una ola de litigios contra las medidas de los países para luchar contra el covid-19. Unos procesos que reportarán pingües ingresos a los arbitristas: estos cobran una media de 5 millones de dólares por disputa (hasta 30 millones en algún caso), según el informe. Otro buen negocio es el de los financiadores de los litigios, que cubren el coste legal del inversor, y que esperan un auge de demandas por covid-19.
En España, donde se acaba de abrir una boutique especializada en arbitrajes (la de José Antonio Caínzos, presidente del Centro de Arbitraje Internacional de Madrid), todos los grandes llevan litigios internacionales de inversión: Garrigues, Gómez Acebo & Pombro, Cuatrecasas, Uría y Menéndez, Antolín, Creamades, Pérez Llorca o Samaniego.
En los últimos 25 años se han tramitado más de mil demandas (solo se incluyen las reconocidas) contra Estados que, en gran medida, han ganado el inversor. Los tribunales arbitrales los componen tres miembros: uno designado por cada parte y el tercero, consensuado por los dos primeros.

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